Poco tiempo después de estallar la última crisis financiera internacional, los gobiernos de veinte países (G-20) se reunieron y juraron adoptar medidas para sanear la situación y evitar que se repita. Una de esas medidas era terminar –o debilitar, al menos– los paraísos fiscales. Estos paraísos no son sitios donde los ángeles no pagan impuestos, como podría imaginar algún alma cándida, sino sitios donde narcotraficantes, políticos corruptos, empresas evasoras, dictadores en retiro –o planificando hacerlo– y pícaros en general guardan sus dineros de las miradas impertinentes de los organismos tributarios o, simplemente, de la justicia de sus respectivos países, cuando no de la justicia internacional cuya fuerza moral suele desintegrarse frente a la realidad. Como siempre ocurre, a las buenas palabras se las lleva el viento, aunque estén asentadas en los discos duros de miles de computadoras de todo el planeta. Las malas acciones, por el contrario, son inmunes a los vientos –aunque sean huracanados– y permanecen sólidas y ajenas a las amenazas de frenarlas. Si las malas acciones –como son las de huir al pago de los tributos que corresponden– tuvieran rostro, este –cada vez que recibe una amenaza– haría el mohín despectivo que se merece cualquier cosa incapaz de perturbarlo. La Red de Justicia Social, una ONG inglesa que trabaja para eliminar la opacidad financiera global, elaboró un ranking de paraísos fiscales con criterios muy estrictos, y allí muestra que los paraísos fiscales siguen operando como si nada hubiera pasado. Hasta es posible que parte del dinero inyectado al sistema financiero por los gobiernos de los EE.UU. y de la Unión Europea haya ido a parar a uno de esos paraísos. En un excelente artículo de Thomas Lukin se lee que el índice elaborado por la ONG Red de Justicia Social “mezcla dos perspectivas: una cualitativa y otra cuantitativa. La primera estudia las regulaciones, leyes y tratados de las jurisdicciones para elaborar un índice de opacidad. La segunda pondera el tamaño del paraíso y su importancia para los mercados financieros globales. Así, Singapur, Bélgica, Irlanda y Hong Kong ocupan lugares más altos en el ranking que otros populares refugios fiscales como Bahamas, Panamá o Islas Vírgenes”.
Curiosamente, la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo), que reúne a los treinta estados más desarrollados del planeta y que es conocida como el 'club de los países ricos’, considera que los paraísos fiscales antes citados cumplen con los más altos estándares de transparencia. No es difícil imaginar que su visión de la realidad, que difiere de la de la ONG inglesa, está teñida por los intereses que los países miembro de la OCDE representan.
Otra curiosidad es el pequeño estado gringo de Delaware. Ofrece grandes beneficios impositivos al punto de que la mitad de las firmas que cotizan en Wall Street está radicada allí. Es el domicilio legal de 200 mil compañías gringas. Igual que en las Islas Caimán, donde existe otro edificio que alberga a 12 mil empresas dedicadas a Estados Unidos.
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