Escribí el 2 de julio: “Creo que Barack Obama fue más claro que ningún otro presidente de la historia estadounidense en su visión de qué significa la democracia con referencia a América Latina: 'La maniobra que condujo al derrocamiento de Manuel Zelaya es ilegal. Él fue elegido democráticamente, no había terminado aún su mandato y es el único presidente que nosotros reconocemos. Sería un grave precedente si comenzamos a retroceder a la época en que veíamos golpes militares como una forma de transición política, en lugar de elecciones democráticas’”. Un día después escribí preocupado por la actitud de un vocero del Gobierno estadounidense, quien afirmó que había que consultar a los abogados. Esto decía la nota: “Consultar a los abogados suena a maniobra dilatoria. Un poco jugar a ver cómo somos fieles a los principios que condenan los golpes de Estado, pero sin malquistarnos con quienes los produjeron que, entre otras cosas, son oficiales capacitados en la ex Escuela de las Américas (la mayor fábrica de dictadores de la historia de la humanidad). Además, Estados Unidos contribuye económicamente al mantenimiento de las Fuerzas Armadas de Honduras. ¿Habrá suspendido sus créditos como ya lo hizo el Banco Mundial y el BID? Lo ignoramos. En todo caso, no hay un pronunciamiento en ese sentido y, de ser consecuentes, debería haberlo. Es el primer golpe en la época Obama. El presidente tiene una oportunidad histórica, única e irrepetible, de sentar un precedente definitivo en este campo. Esperamos que ese precedente sea el correcto”.
Hoy no me queda la menor duda de que organismos del Gobierno de EE.UU. tuvieron participación directa en el golpe contra Zelaya. No quiere esto decir que Obama haya estado informado y, mucho menos, que haya aprobado el golpe; simplemente, confiando en sus socios locales y en los militares con los que sus Fuerzas Armadas conviven diariamente, los sectores menos democráticos o decididamente antidemocráticos de la superpotencia recurrieron al expediente de los hechos consumados y colocaron al presidente Obama en una encrucijada que, al momento de escribir estas líneas (19 de julio), parece no conducir a una solución que satisfaga ni las resoluciones de la OEA ni los buenos propósitos de la ONU. En una palabra, el poder de hecho en EE.UU. ha vuelto a zurrarse en el orden internacional y ha vuelto a privilegiar los intereses de los sectores acaudalados por sobre los intereses del conjunto de la población y por sobre el supremo interés de mantener un orden democrático en todo el continente.
El politólogo Inmanuel Wallerstein sostiene que, hoy, Obama enfrenta cuatro desafíos: “La confirmación de Sonia Sotomayor en la Suprema Corte, un desbarajuste continuado en Medio Oriente, su necesidad de pasar la legislación de salud este año y, de repente, una presión enorme por abrir las investigaciones de los actos ilegales del gobierno de Bush”. Honduras ocupa el quinto lugar en la lista.
Concluye Wallerstein pidiendo que observemos a Guatemala.
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